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Política, redes y software

Algunas sugerencias para el debate

La definición más elemental de la palabra política, que se estudia en la satanizada Educación para la ciudadanía, nos remite a la organización de lo público. La reciente polémica en torno a la (mal) llamada ley Sinde pone de relieve algo que no estaba nada claro hace unos años: hoy la esfera pública es más amplia que hace quince años. Es una de las consecuencias de la red de redes: de la misma forma que la calle es de todos, también lo son las redes que tejemos entre nuestros ordenadores. Hemos tomado conciencia de ello de muchas maneras, pero especialmente al confirmar que no es posible diferenciar tajantemente entre la realidad y lo que ocurre en la red. Tal barrera es ilusoria y arbiraria: hoy sabemos que lo que hacemos delante de una pantalla puede afectar a lo que ocurre fuera y al margen de ella. Y esto va desde la participación en redes sociales para conocer amigos, encontra pareja o formar grupos de interés, a la creación de contenidos, la distribución de información ilegal o la descarga de materiales protegidos, en el mundo real, por la ley de propiedad intelectual.

La política de la red parece dominada por la demagogia: querer criminalizar al internauta y conectar la piratería con cierto tipo de delitos es tan absurdo como esconder el negocio bajo una pretendida libertad de expresión, que nada tiene que ver con la descarga gratuita. La libertad de expresión exige que la ciudadanía tenga algo que expresar, y este algo no puede ser el libro, disco o película que ha creado un tercero. Con todo, el problema se complica cuando los partidos, con sus intereses correspondientes, tratan de legislar de manera unilateral sobre el tema. Principalmente porque pueden ser variables económicas, ideológicas o de otra índole las que terminen decantando la balanza sin que entren a jugar conceptos esenciales en política (y seguramente pasados de moda) como el de "bien común". La política tecnológica es un cóctel de ingredientes explosivos: los políticos que han de legislar no suelen estar muy al tanto, y los usuarios abusan de un vacío legal con comportamientos que, independientemente de lo que diga la ley, pueden calificarse de inmorales.

El afán legislador llega a veces a lo insólito. Así ocurre, por ejemplo, en Castilla y León, donde la Consejería de Educación ha contratado a una empresa privada para crear portales sencillos de gestionar, con los que cada centro puede elaborar su propia web. Nada que objetar, si lo que se pretende es simplificar la tarea, aunque es cierto que otras comunidades, como Castilla la Mancha, han optado por plataformas gratuitas como Joomla. El problema viene cuando a aquellos centros que cuentan con profesores que quieren mantener su web con Joomla, Drupal o Wordpress se les obliga a pasarse al portal, advirtiéndoles de que en caso contrario su web no se incluirá en el directorio de centros de la comunidad. O conmingo o contra mi. Y podemos dar el salto a la política nacional: la gestión de la propiedad intelectual podría pasar, por ejemplo, por una regulación de las actividades y los beneficios. El doble ingrediente de la política que afecta a la tecnología obliga a un diálogo abierto y constante entre usuarios, expertos en tecnología, y legisladores. De lo contrario, los diversos intentos de orientar las nuevas posibilidades de la red hacia el bien de todos no serán más que palos de ciego. Algo que afecta desde la web educativa de un centro público a las descargas de productos protegidos por la ley de propiedad intelectual.

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