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¿Nos asegura el recurso una decisión justa?

El artículo 8 de los derechos humanos afirma lo siguiente:

Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.

El recurso ante la justicia se nos presenta como una garantía de imparcialiada. El sistema judicial puede fallar una vez, e incluso dos. Pero es muy difícil que falle siempre. De esta manera, el recurso ante cualquier decisión judicial nos asegura lograr, antes o después, una resolución justa. En el mejor de los mundos posibles al que apuntan los derechos humanos no cabría el abuso de poder y la imparcialidad, neutralidad y objetividad deberían llevarnos a confiar en que la justicia sea real, y los posibles errores sean subsanados si algunas de las partes no está de acuerdo con la decisión adoptada por el tribunal.

Revisemos, por si no fuera oro todo lo que reluce, lo que afirma el artículo y contrastémoslo con la realidad. En primer lugar, el recurso se ha de presentar "ante los tribunales nacionales competentes". No es difícil imaginar que algunos de los países que se dicen "democráticos" y que afirman cumplir los derechos humanos carezcan de estos tribunales a los que alude la Declaración. Basta con la corrupción para echar por tierra la garantía que pretende respaldar el artículo. Si se puede comprar un juez de primera instancia, bastará con aumentar el precio en caso de que haya un segundo juicio en una instancia superior. Las llamadas democracias "débiles" conocen el problema de cerca. Y si se supera la lacra de la corrupción, nos encontramos otro obstáculo: la "competencia" de cada juzgado. Es difícil encontrar un solo país en el que tras una etapa dictatorial pueda hacerse justicia. ¿Qué decir de los crímenes contra la humanidad" O bien los tribunales nacionales se declaran incompetentes, o bien encuentran trabas legales encubiertas en tecnicismos jurídicos que impiden un juicio justo. Y esto por no hablar del vacío legal en el que se encuentran los tribunales internacionales: basta con que el país de turno no reconozca su legitimidad para que su acción sea inútil. Véase, por ejemplo, la actitud de países tan tradicionalmente democráticos como E.E.U.U.

La segunda parte del artículo no es mucho más alentadora. Alude a los derechos fundamentales "reconocidos por la constitución y por la ley". Nada se nos dice sobre aquellos países cuya constitución no reconoce los derechos fundamentales que aparecen recogidos en la propia declaración de los derechos humanos. O sobre aquellos otros en los que aparecen escritos de una manera formal, pero están lejos de ser una realidad cotidiana para sus ciudadanos. Aparecerá de inmediato la interpretación de la ley para salvaguardar el status quo. Es difícil imaginar que cualquier recurso contra el estado español pueda prosperar alegando, por poner un caso sencillo, el derecho al honor, la intimidad personal y la propia imagen (artículo 18). Sin necesidad de aludir a otros más polémicos, como el derecho a la vida, la libertad y la seguridad. ¿Significa esto que no debamos recurrir nunca, dejándonos llevar por la desconfianza ante las instituciones" No necesariamente: significa que los estados que presumen de civilizados y hacen bandera de los derechos humanos deberían mantenerse alerta y aguzar su sentido crítico, no vaya a ser que pese a tanto hablar de ellos estemos aún muy lejos de cumplirlos...